Advierte familia de Jessica Rosario Vega
Ante las irregularidades con las que fue integrada la averiguación previa 10/2015 Bis, del Juzgado Primero penal en Navojoa, Sonora, los padres de Jessica Rosario Vega Borbón, asesinada el 20 de enero de 2015, se muestran preocupados de que el responsable pudiera salir libre, por lo que solicitaron una audiencia con el procurador de Sonora, Rodolfo Montes De Oca.
El asesinato de Jessica ocurrió en el fraccionamiento Los Olivos del municipio de Navojoa, ubicado a 318 kilómetros al sur de esta capital de Sonora. El acusado de feminicidio, Juan Ramón Valenzuela García, esposo de la víctima y quien se encuentra detenido –pero sin sentencia– busca por todos los medios y a través de su defensa salir exento de sanción.
Rosalba Borbón Rubio, madre de Jessica, explicó que en otras ocasiones el esposo de su hija la había maltratado, lo cual fue visto por muchas personas, y por eso la víctima pidió ayuda al Instituto Sonorense de la Mujer.
Existe constancia de que Jessica padecía violencia familiar por parte de su esposo, Juan Ramón Valenzuela, y que en ocasiones anteriores la había tratado de ahorcar.
Rosalba Borbón y Fernando Vega Ramírez, madre y padre de la joven, se entrevistaron este día con el subprocurador de Procesos, Aurelio Cuevas, y con el director de Procesos, Sergio Ruiz, en ausencia del procurador, quien se encontraba fuera de la ciudad.
Asimismo, interpusieron una denuncia ante la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia de Sonora contra Alfredo Valencia Dozal, el agente del Ministerio Público que no integró bien la averiguación previa, lo que podría facilitar o propiciar que el feminicida salga libre. “Que lo investiguen y lo castiguen”, exigen en su petición.
PRUEBAS CONTUNDENTES
Los hechos y las pruebas son contundentes, cuenta Rosalba, mientras recuerda que en octubre de 2014 el esposo agresor había intentado asesinar a su hija, pero ésta alcanzó a enviar un mensaje pidiendo ayuda, lo cual evitó el feminicidio.
En esa ocasión la golpeó, la arrastró, la encerró en la casa. Desde el baño de la vivienda ella envió un mensaje de texto a una prima, donde le decía que su esposo estaba agrediéndola y temía que la asesinara.
Del procurador, esperan que les ayude para obtener justicia, mientras que de la gobernadora, Claudia Pavlovich, también esperan apoyo para que la muerte de Jessica no quede impune.
La afligida madre agregó que en una de las visitas que hizo la Gobernadora al sur del estado, ella le pidió que les ayudara. Como respuesta, la asistente de Pavlovich tomó los datos y proporcionó un teléfono a la familia, el cual era de Seguridad Pública y no de alguna oficina para dar seguimiento.
Del juez, confían en que juzgue de acuerdo a las pruebas, que haga las cosas bien, y que se guíe por la justicia, dice.
Es imperdonable lo que le hicieron a su hija, y no se vale que ese “monstruo” quede libre por un mal trabajo del Ministerio Público, por lo que pide que la ayuden, que volteen a verla, que se den cuenta que hay dos pequeños que están sin su mami por culpa de ese feminicida.
Pero, como van las cosas, expuso Fernando Vega, tienen el temor de que le otorguen la libertad al agresor, pues el abogado defensor del acusado está aprovechando cualquier resquicio de falla en la investigación para lograr la libertad del responsable del asesinato.
Los padres de Jessica han lidiado con las secuelas del feminicidio de su hija y las consecuencias para los hijos de ésta, de diez y de siete años de edad. El mayor ha padecido depresión y gracias a la intervención oportuna está superando esa situación.
Como familiares de Jessica Vega, quien perdiera la vida a manos de su esposo y padre de sus hijos, piden más atención al proceso.
MALA INVESTIGACIÓN
Patricia Alonso Ramírez, presidenta de la organización Cobanaras federación, lamentó que siendo una agrupación que trabaja para empoderar a las mujeres indígenas, a través de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) La Paloma, les hayan asesinado a una de sus compañeras.
La CAMI realiza talleres para prevenir la violencia contra las mujeres, atención psicológica y otras actividades, pero además la activista asegura que reciben malos tratos de los Ministerios Públicos cuando acompañan a mujeres indígenas a denunciar o a solicitar algún otro servicio.
La forma en que se integró la averiguación previa fue evidentemente mal hecha, y como ejemplo expuso que el celular de la víctima no fue presentado hasta once meses después del evento, siendo el Ministerio Público quien lo había retenido todo ese tiempo sin razón justificada.
Alonso Ramírez se mostró preocupada por la falta de profesionalización del personal que atiende la violencia contra las mujeres en Navojoa y recomendó capacitación para las y los funcionarios.
Son ya 19 meses que han pasado desde que se cometió el feminicidio y no solo se hizo una deficiente investigación, sino que no se ha dictado sentencia aún, pues la defensa retarda y retarda con argucias jurídicas que esto suceda, dijo.
Entre sus peticiones se encuentra la pena máxima para el acusado del delito de feminicidio, misma que en Sonora es de sesenta años de prisión.
Fuente: Cimacnoticias